Un aplauso. Está muy bien que por fin los más altos representantes del Estado empiecen a reconocer lo que desde hace decenios un general tras otro, un ministro de Defensa tras otro, un presidente tras otro, han negado en redondo: que las Fuerzas Armadas cometen excesos. Torturas. Detenciones que terminan en la desaparición de los detenidos. Ejecuciones extrajudiciales. Crímenes de guerra. Hay que felicitar al presidente Uribe, al ministro Santos, al general Padilla, por su decisión de pasar a retiro a tres generales y siete coroneles (y otros tres más hace ocho días), más una docena de oficiales y suboficiales de menor rango, por los infames "falsos positivos" con decenas de muertos denunciados en las últimas semanas.Está muy bien que se empiece a limpiar el Ejército (y la Policía, y el DAS), y ya iba siendo hora: sólo falta un año para que venza la reserva de siete que establecieron al alimón el presidente saliente Andrés Pastrana y el entrante Álvaro Uribe ante la Corte Penal Internacional, blindando al Estado colombiano frente a las responsabilidades por crímenes de guerra durante el tiempo que según su cálculo optimista tomaría derrotar a la subversión en Colombia.Está muy bien que los crímenes se reconozcan. Y que se acepte por primera vez que no se trata de actos aislados de "elementos descorregidos", de "manzanas podridas", de "ovejas negras" que no entrañan responsabilidad institucional ni política de sus superiores, sino que, por el contrario, la comprometen tanto por omisión como por acción. Pero la necesaria limpieza del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea, de la Policía, del DAS, de todos los organismos secretos del Estado, habrá que repetirla una y otra vez, indefinidamente, mientras no cambien de verdad las convicciones profundas de los militares que hacen la guerra y de los civiles que la ordenan desde el poder político. La convicción profunda, reforzada además por el adiestramiento y el ejemplo recibidos de los Estados Unidos, de que todo vale en la guerra contra la subversión, hoy llamada narcoterrorista; ayer, comunista; antier, bandolera. De que valen el asesinato y la tortura, la desaparición forzada, la expulsión, porque el enemigo no merece respeto.Todo vale porque la vida no vale nada. La de los demás: esos, literalmente, desechables que constituyen el grueso del pueblo colombiano (y que hay que distinguir, claro, de los llamados "colombianos de bien"). Los desechables se pueden desechar. Usar y tirar. Eliminar cuando ya no sirven. Intercambiar. Pueden ser usados indiferentemente como guerrilleros o como paramilitares, como sicarios de la mafia o como mensajeros de moto o como desempleados o como subempleados o como reinsertados o como votantes cautivos o como víctimas de los "falsos positivos militares". Su vida real no importa, salvo desde el ángulo de la estadística. Por eso puede el coronel Plazas Vega, aquel que "defendía la democracia, maestro", decir que los cadáveres de los desaparecidos de la cafetería del Palacio de Justicia están donde no están, y tiene que salir Medicina Legal a desmentirlo. Ah, ¿eran otros muertos? Da lo mismo.Para saber si los pases a retiro de unos cuantos oficiales significan que de verdad está cambiando esa convicción profunda de que hablo hay que ver si son seguidos de algo más: de juicios, de condenas. Pues la desaparición forzada, que trabajosamente fue por fin tipificada como delito en el año 2000, no ha tenido en los siete años transcurridos desde entonces ningún acusado, ningún procesado, ningún condenado, pese a que sigue afectando a unas quinientas personas cada año. Y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, firmada por el gobierno de Colombia en septiembre de 2007, no ha sido ratificada todavía. Y en la discusión que se adelanta en el Congreso sobre la Ley de Víctimas, el gobierno y sus parlamentarios leales se rehúsan obstinadamente a reconocer como víctimas del conflicto (y a reconocer que hay conflicto) a las que lo hayan sido de los agentes del Estado: soldados, policías, detectives del DAS. Como si no existieran.Todavía falta, pues. Y no sólo porque la lucha por la verdad y la justicia sea una lucha interminable que nunca se puede dar por ganada del todo, sino porque el reconocimiento hecho esta semana por los más altos representantes del Estado sobre sus culpas parece insuficiente todavía, apenas de labios para afuera. Así, al presidente Álvaro Uribe se le escaparon dos expresiones reveladoras al hacerlo. Una fue la de que los desaparecidos habían sido "ajusticiados" por el Ejército. La otra, la de que con sus masacres, de Guaitarilla a Soacha, los militares "nos hacen quedar mal". "¿''Ajusticiados" los asesinados? ¿Y simplemente "queda mal" quien secuestra a alguien para matarlo y presentar su cadáver como un "positivo"? En los dos casos, las palabras del Presidente se quedaron algo cortas.Pero bueno: es un comienzo. Que sigan por ahí. Y, de nuevo, un aplauso.
jueves, 27 de noviembre de 2008
Un aplauso. Está muy bien que por fin los más altos representantes del Estado empiecen a reconocer lo que desde hace decenios un general tras otro, un ministro de Defensa tras otro, un presidente tras otro, han negado en redondo: que las Fuerzas Armadas cometen excesos. Torturas. Detenciones que terminan en la desaparición de los detenidos. Ejecuciones extrajudiciales. Crímenes de guerra. Hay que felicitar al presidente Uribe, al ministro Santos, al general Padilla, por su decisión de pasar a retiro a tres generales y siete coroneles (y otros tres más hace ocho días), más una docena de oficiales y suboficiales de menor rango, por los infames "falsos positivos" con decenas de muertos denunciados en las últimas semanas.Está muy bien que se empiece a limpiar el Ejército (y la Policía, y el DAS), y ya iba siendo hora: sólo falta un año para que venza la reserva de siete que establecieron al alimón el presidente saliente Andrés Pastrana y el entrante Álvaro Uribe ante la Corte Penal Internacional, blindando al Estado colombiano frente a las responsabilidades por crímenes de guerra durante el tiempo que según su cálculo optimista tomaría derrotar a la subversión en Colombia.Está muy bien que los crímenes se reconozcan. Y que se acepte por primera vez que no se trata de actos aislados de "elementos descorregidos", de "manzanas podridas", de "ovejas negras" que no entrañan responsabilidad institucional ni política de sus superiores, sino que, por el contrario, la comprometen tanto por omisión como por acción. Pero la necesaria limpieza del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea, de la Policía, del DAS, de todos los organismos secretos del Estado, habrá que repetirla una y otra vez, indefinidamente, mientras no cambien de verdad las convicciones profundas de los militares que hacen la guerra y de los civiles que la ordenan desde el poder político. La convicción profunda, reforzada además por el adiestramiento y el ejemplo recibidos de los Estados Unidos, de que todo vale en la guerra contra la subversión, hoy llamada narcoterrorista; ayer, comunista; antier, bandolera. De que valen el asesinato y la tortura, la desaparición forzada, la expulsión, porque el enemigo no merece respeto.Todo vale porque la vida no vale nada. La de los demás: esos, literalmente, desechables que constituyen el grueso del pueblo colombiano (y que hay que distinguir, claro, de los llamados "colombianos de bien"). Los desechables se pueden desechar. Usar y tirar. Eliminar cuando ya no sirven. Intercambiar. Pueden ser usados indiferentemente como guerrilleros o como paramilitares, como sicarios de la mafia o como mensajeros de moto o como desempleados o como subempleados o como reinsertados o como votantes cautivos o como víctimas de los "falsos positivos militares". Su vida real no importa, salvo desde el ángulo de la estadística. Por eso puede el coronel Plazas Vega, aquel que "defendía la democracia, maestro", decir que los cadáveres de los desaparecidos de la cafetería del Palacio de Justicia están donde no están, y tiene que salir Medicina Legal a desmentirlo. Ah, ¿eran otros muertos? Da lo mismo.Para saber si los pases a retiro de unos cuantos oficiales significan que de verdad está cambiando esa convicción profunda de que hablo hay que ver si son seguidos de algo más: de juicios, de condenas. Pues la desaparición forzada, que trabajosamente fue por fin tipificada como delito en el año 2000, no ha tenido en los siete años transcurridos desde entonces ningún acusado, ningún procesado, ningún condenado, pese a que sigue afectando a unas quinientas personas cada año. Y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, firmada por el gobierno de Colombia en septiembre de 2007, no ha sido ratificada todavía. Y en la discusión que se adelanta en el Congreso sobre la Ley de Víctimas, el gobierno y sus parlamentarios leales se rehúsan obstinadamente a reconocer como víctimas del conflicto (y a reconocer que hay conflicto) a las que lo hayan sido de los agentes del Estado: soldados, policías, detectives del DAS. Como si no existieran.Todavía falta, pues. Y no sólo porque la lucha por la verdad y la justicia sea una lucha interminable que nunca se puede dar por ganada del todo, sino porque el reconocimiento hecho esta semana por los más altos representantes del Estado sobre sus culpas parece insuficiente todavía, apenas de labios para afuera. Así, al presidente Álvaro Uribe se le escaparon dos expresiones reveladoras al hacerlo. Una fue la de que los desaparecidos habían sido "ajusticiados" por el Ejército. La otra, la de que con sus masacres, de Guaitarilla a Soacha, los militares "nos hacen quedar mal". "¿''Ajusticiados" los asesinados? ¿Y simplemente "queda mal" quien secuestra a alguien para matarlo y presentar su cadáver como un "positivo"? En los dos casos, las palabras del Presidente se quedaron algo cortas.Pero bueno: es un comienzo. Que sigan por ahí. Y, de nuevo, un aplauso.
miércoles, 26 de noviembre de 2008
Pese a masiva estafa, la fiebre de dinero fácil no se detiene en Colombia .
El colapso masivo de 'pirámides financieras' develó una estafa millonaria en Colombia y puso en la mira al emporio DMG, que desde hace cinco años ofrece ganancias espectaculares y desafía a la justicia, que se ve en aprietos para probar sus sospechas sobre lavado de activos.
¡DMG no es una pirámide!", arenga un hombre en el acceso a la sede central de la compañía en el norte de Bogotá, que ofrece rendimientos hasta del 150% en sólo seis meses.
Él es uno de los 300.000 clientes que dice tener la empresa surgida en el departamento de Putumayo (sur), escenario de la guerra de guerrillas que en los años noventa albergó la mitad de los cultivos de coca del país.
DMG asegura ser una comercializadora en la que los clientes -que el gobierno cree serían 500.000- adquieren una tarjeta equivalente a lo invertido, con la cual pueden comprar bienes y servicios de un catálogo que incluye autos, electrodomésticos, ropa y hasta mercados.
En pocos meses consiguen reembolsos parciales o integrales de sus gastos, por lo que algunos la apodan "Dios Mío Gracias" y otros hasta han dejado de trabajar.
Estas sumas son comisiones pagadas por haber firmado un contrato de "promotores de publicidad", una de las razones por las cuales no se ha podido demostrar la ilegalidad del sistema.El derrumbe esta semana de 'pirámides' en unas 50 localidades donde hubo graves disturbios produjo que una cantidad inusual de inversores nerviosos se apresurara a averiguar por su dinero en la feria DMG de Bogotá.
En las instalaciones había este viernes un comunicado en el que la firma promete cumplir y reitera que no es una 'pirámide', esquema fraudulento que ofrece rentabilidades de hasta 300% en pocos meses, usando el dinero invertido por nuevos clientes, hasta quebrar.
"Hay tanta gente como en un fin de semana, están asustados", comentó un vigilante mientras ayudaba a una anciana a adelantarse para cobrar. El empleado cuenta que invirtió un millón de pesos (435 dólares) y en febrero recibirá tres veces esa cantidad.
Varios aprovecharon para comprar televisores, computadoras y muebles intentando "asegurar la plata", dijo uno ellos. Estimativos oficiales citados por la prensa indican que en Colombia unos 870 millones de dólares están en poder de captadores irregulares.
Pero los clientes de DMG dicen no asustarse: "Estoy tranquilo, sólo vengo a almorzar", declaró en tono prevenido Alejandro, carpintero de 40 años que asegura tener motocicleta, televisor y equipo de sonido gracias a DMG, y espera duplicar unos 8.700 dólares en seis meses.
"Algunos están entrando en pánico, pero yo estoy tranquila, sólo vine a ver cómo están las cosas. Hay que estar vigilantes porque lo único seguro en la vida es la muerte", confió Marta, contadora de 39 años y cliente desde hace tres.
Ella sostiene haber depositado 8 millones de pesos (3.500 dólares) y tener ahora 20 millones (8.700), sin incluir algunas compras con tarjeta. "Esto es para el pueblo", afirma.Las autoridades sospechan que detrás de DMG (52 sucursales) hay un gigantesco blanqueo de dinero del narcotráfico y grupos ilegales, pero en tres años de indagaciones no han logrado probarlo.
Hace un año el órgano de control financiero ilegalizó la captación de recursos de la firma, que entonces migró a las tarjetas.La compañía dice sufrir una "persecución" de las autoridades para "proteger" a los bancos, que no le abren cuentas obligándola a manejar sólo efectivo, según su abogado Abelardo de la Espriella.
El jurista manifiesta que entre los clientes de DMG "hay gente del gobierno" y altos funcionarios, y anuncia que su dueño, David Murcia Guzmán, que vive en Panamá y es llamado 'El Faraón' por los propios inversores, planea extender la operación a toda Latinoamérica.
El desplome de las 'pirámides' puso una presión sobre las autoridades -acusadas de negligencia- que dijeron enfilarán baterías contra DMG con la ayuda de la Oficina Antidrogas de Estados Unidos (DEA). Pero su abogado no se inmuta: "Con DMG ocurre como con las amantes, en el día se les esconde, pero en las noches se les ama".
El colapso masivo de 'pirámides financieras' develó una estafa millonaria en Colombia y puso en la mira al emporio DMG, que desde hace cinco años ofrece ganancias espectaculares y desafía a la justicia, que se ve en aprietos para probar sus sospechas sobre lavado de activos.
¡DMG no es una pirámide!", arenga un hombre en el acceso a la sede central de la compañía en el norte de Bogotá, que ofrece rendimientos hasta del 150% en sólo seis meses.
Él es uno de los 300.000 clientes que dice tener la empresa surgida en el departamento de Putumayo (sur), escenario de la guerra de guerrillas que en los años noventa albergó la mitad de los cultivos de coca del país.
DMG asegura ser una comercializadora en la que los clientes -que el gobierno cree serían 500.000- adquieren una tarjeta equivalente a lo invertido, con la cual pueden comprar bienes y servicios de un catálogo que incluye autos, electrodomésticos, ropa y hasta mercados.
En pocos meses consiguen reembolsos parciales o integrales de sus gastos, por lo que algunos la apodan "Dios Mío Gracias" y otros hasta han dejado de trabajar.
Estas sumas son comisiones pagadas por haber firmado un contrato de "promotores de publicidad", una de las razones por las cuales no se ha podido demostrar la ilegalidad del sistema.El derrumbe esta semana de 'pirámides' en unas 50 localidades donde hubo graves disturbios produjo que una cantidad inusual de inversores nerviosos se apresurara a averiguar por su dinero en la feria DMG de Bogotá.
En las instalaciones había este viernes un comunicado en el que la firma promete cumplir y reitera que no es una 'pirámide', esquema fraudulento que ofrece rentabilidades de hasta 300% en pocos meses, usando el dinero invertido por nuevos clientes, hasta quebrar.
"Hay tanta gente como en un fin de semana, están asustados", comentó un vigilante mientras ayudaba a una anciana a adelantarse para cobrar. El empleado cuenta que invirtió un millón de pesos (435 dólares) y en febrero recibirá tres veces esa cantidad.
Varios aprovecharon para comprar televisores, computadoras y muebles intentando "asegurar la plata", dijo uno ellos. Estimativos oficiales citados por la prensa indican que en Colombia unos 870 millones de dólares están en poder de captadores irregulares.
Pero los clientes de DMG dicen no asustarse: "Estoy tranquilo, sólo vengo a almorzar", declaró en tono prevenido Alejandro, carpintero de 40 años que asegura tener motocicleta, televisor y equipo de sonido gracias a DMG, y espera duplicar unos 8.700 dólares en seis meses.
"Algunos están entrando en pánico, pero yo estoy tranquila, sólo vine a ver cómo están las cosas. Hay que estar vigilantes porque lo único seguro en la vida es la muerte", confió Marta, contadora de 39 años y cliente desde hace tres.
Ella sostiene haber depositado 8 millones de pesos (3.500 dólares) y tener ahora 20 millones (8.700), sin incluir algunas compras con tarjeta. "Esto es para el pueblo", afirma.Las autoridades sospechan que detrás de DMG (52 sucursales) hay un gigantesco blanqueo de dinero del narcotráfico y grupos ilegales, pero en tres años de indagaciones no han logrado probarlo.
Hace un año el órgano de control financiero ilegalizó la captación de recursos de la firma, que entonces migró a las tarjetas.La compañía dice sufrir una "persecución" de las autoridades para "proteger" a los bancos, que no le abren cuentas obligándola a manejar sólo efectivo, según su abogado Abelardo de la Espriella.
El jurista manifiesta que entre los clientes de DMG "hay gente del gobierno" y altos funcionarios, y anuncia que su dueño, David Murcia Guzmán, que vive en Panamá y es llamado 'El Faraón' por los propios inversores, planea extender la operación a toda Latinoamérica.
El desplome de las 'pirámides' puso una presión sobre las autoridades -acusadas de negligencia- que dijeron enfilarán baterías contra DMG con la ayuda de la Oficina Antidrogas de Estados Unidos (DEA). Pero su abogado no se inmuta: "Con DMG ocurre como con las amantes, en el día se les esconde, pero en las noches se les ama".
martes 25 de noviembre de 2008
Ética para el capitalismo
Para evitar que el capitalismo nos coloque en una situación de guerra de supervivencia hay que imponerle un sentido ético que no entienden los manejadores financieros. Lo importante, y es la lección que debemos obtener de la situación que vivimos, es que el capitalismo para que sea rentable para la humanidad, debe ser social, adaptarse a las necesidades de la colectividad, tener correspondencia con el sentido ético que se debe tener en los asuntos públicos y el capitalismo, como motor económico de la historia, debe tener ese elemento ético que le impregna la doctrina socialdemócrata.Veamos rápidamente algunas crisis que han hecho historia. La primera famosa fue la Crisis de los Tulipanes. Estos llegaron a Europa Occidental a finales del siglo XVI, y tras verse afectadas por un virus, empezaron a surgir una gran variedad de colores, más agradable, lo que provocó un creciente interés por ellos. La fiebre por los tulipanes en Holanda llevó a que tres bulbos costaran lo mismo que una casa en Amsterdam. En 1637 no se vendió una colección exclusivísima de tulipanes, lo que extendió la desconfianza y el desplome de los precios.En 1720 los inversionistas sobrevaloraron el negocio de ultramar. Aprovechando la Guerra de Sucesión española, la Compañía de los Mares de Sur obtuvo los derechos para el comercio con la América del Sur. Sus acciones pasaron de 128 libras en enero a 1.000 en agosto. Acto seguido, en 1720, se desplomó, gracias al deterioro de las relaciones entre España y la Gran Bretaña.En 1929 fue el Viernes Negro. El Dow Jones se desplomó un 11% el 18 de octubre y el mundo entró en recesión económica por aproximadamente tres años. En 1973, tras de la Guerra del Yom Kippur en Medio Oriente, vino el embargo petrolero que significó una crisis que algunos consideran peor que la de 1929.En 1997 los Tigres asiáticos: Tailandia, Malasia, Corea del Sur y Hong Kong; abandonan su vinculación con el dólar. Los mercados se desploman con caídas que se extienden a Japón, Europa y Estados Unidos. A esto se le une el desplome del rublo en 1998, trastocando la economía ya golpeada y colocando a Rusia en situación de solicitar la ayuda del FMI.Finalizando el siglo, las compañías de internet, las llamadas punto com, crearon una sobrevaloración que provocó la salida masiva de dinero de la renta variable y generó un mercado bajista que duró tres años. A esto se le unió el atentado contra las Torres Gemelas el año 2001, quedando perpleja la economía mundial.La actual crisis de impagos en hipotecas viene rodando desde el año 2007. Ya los gobiernos y bancos centrales han apurado el recetario para atacar el mal. Esta crisis ha revelado la falta de ética en el manejo del capital mundial que, a final de cuenta, pertenece a todo el mundo ya que las consecuencias del mal manejo significan pobreza y hambruna para muchos inocentes.Ese código de ética del capitalismo debe ser redactado e impuesto con absoluta decisión. Se coloca de bulto la necesidad de gobiernos que impongan medidas para liquidar el capitalismo salvaje y evitar que unos ambiciosos desaforados lleven a la humanidad a una crisis que la exponga a una guerra de supervivencia digna del cine de ficción.
Ética para el capitalismo
Para evitar que el capitalismo nos coloque en una situación de guerra de supervivencia hay que imponerle un sentido ético que no entienden los manejadores financieros. Lo importante, y es la lección que debemos obtener de la situación que vivimos, es que el capitalismo para que sea rentable para la humanidad, debe ser social, adaptarse a las necesidades de la colectividad, tener correspondencia con el sentido ético que se debe tener en los asuntos públicos y el capitalismo, como motor económico de la historia, debe tener ese elemento ético que le impregna la doctrina socialdemócrata.Veamos rápidamente algunas crisis que han hecho historia. La primera famosa fue la Crisis de los Tulipanes. Estos llegaron a Europa Occidental a finales del siglo XVI, y tras verse afectadas por un virus, empezaron a surgir una gran variedad de colores, más agradable, lo que provocó un creciente interés por ellos. La fiebre por los tulipanes en Holanda llevó a que tres bulbos costaran lo mismo que una casa en Amsterdam. En 1637 no se vendió una colección exclusivísima de tulipanes, lo que extendió la desconfianza y el desplome de los precios.En 1720 los inversionistas sobrevaloraron el negocio de ultramar. Aprovechando la Guerra de Sucesión española, la Compañía de los Mares de Sur obtuvo los derechos para el comercio con la América del Sur. Sus acciones pasaron de 128 libras en enero a 1.000 en agosto. Acto seguido, en 1720, se desplomó, gracias al deterioro de las relaciones entre España y la Gran Bretaña.En 1929 fue el Viernes Negro. El Dow Jones se desplomó un 11% el 18 de octubre y el mundo entró en recesión económica por aproximadamente tres años. En 1973, tras de la Guerra del Yom Kippur en Medio Oriente, vino el embargo petrolero que significó una crisis que algunos consideran peor que la de 1929.En 1997 los Tigres asiáticos: Tailandia, Malasia, Corea del Sur y Hong Kong; abandonan su vinculación con el dólar. Los mercados se desploman con caídas que se extienden a Japón, Europa y Estados Unidos. A esto se le une el desplome del rublo en 1998, trastocando la economía ya golpeada y colocando a Rusia en situación de solicitar la ayuda del FMI.Finalizando el siglo, las compañías de internet, las llamadas punto com, crearon una sobrevaloración que provocó la salida masiva de dinero de la renta variable y generó un mercado bajista que duró tres años. A esto se le unió el atentado contra las Torres Gemelas el año 2001, quedando perpleja la economía mundial.La actual crisis de impagos en hipotecas viene rodando desde el año 2007. Ya los gobiernos y bancos centrales han apurado el recetario para atacar el mal. Esta crisis ha revelado la falta de ética en el manejo del capital mundial que, a final de cuenta, pertenece a todo el mundo ya que las consecuencias del mal manejo significan pobreza y hambruna para muchos inocentes.Ese código de ética del capitalismo debe ser redactado e impuesto con absoluta decisión. Se coloca de bulto la necesidad de gobiernos que impongan medidas para liquidar el capitalismo salvaje y evitar que unos ambiciosos desaforados lleven a la humanidad a una crisis que la exponga a una guerra de supervivencia digna del cine de ficción.
martes 25 de noviembre de 2008
oasis gonzalo gallo
Los que no pueden escribir en un periódico le trasmiten a uno inquietudes que a veces conviene compartir:
- ¿Qué cambios radicales haría el Gobierno si uno de tantos falsos positivos del pueblo fuera hijo del Presidente o de un ministro?
- Diciendo "perdonen que tardamos", ¿el Gobierno le devuelve la vida a tres muertos y la plata a millares de pobres ahorradores?
- ¿Hará algo este Gobierno tan amigo de los banqueros para que éstos no ganen billones mientras abusan de sus clientes?
- ¿Por qué surgen en pocos días tantas pruebas contra DMG que no aparecieron en años?
- ¿Por qué el Superintendente cae solito como chivo expiatorio y los que mandan más siguen tan frescos?
- Como bien dicen economistas serios, ¿por qué el Gobierno se la gastó toda en épocas de vacas gordas? Nadie niega las cosas buenas, pero persisten la corrupción, un gran hueco social y politiquería como nunca.
oasis gonzalo gallo
Los que no pueden escribir en un periódico le trasmiten a uno inquietudes que a veces conviene compartir:
- ¿Qué cambios radicales haría el Gobierno si uno de tantos falsos positivos del pueblo fuera hijo del Presidente o de un ministro?
- Diciendo "perdonen que tardamos", ¿el Gobierno le devuelve la vida a tres muertos y la plata a millares de pobres ahorradores?
- ¿Hará algo este Gobierno tan amigo de los banqueros para que éstos no ganen billones mientras abusan de sus clientes?
- ¿Por qué surgen en pocos días tantas pruebas contra DMG que no aparecieron en años?
- ¿Por qué el Superintendente cae solito como chivo expiatorio y los que mandan más siguen tan frescos?
- Como bien dicen economistas serios, ¿por qué el Gobierno se la gastó toda en épocas de vacas gordas? Nadie niega las cosas buenas, pero persisten la corrupción, un gran hueco social y politiquería como nunca.
martes, 25 de noviembre de 2008
PIRAMIDE DE URIBE
Colombia: vinculan a hijos de Uribe con gran almacén sospechoso de lavadoEl escándalo de las 'pirámides financieras', captadoras ilegales de dinero que arruinaron a miles de 'ahorradores' en Colombia, dejó otro muerto y se ahondó el viernes con una polémica entre la familia del presidente Alvaro Uribe y el dueño de una empresa sospechosa.Según Roberto Díaz, alcalde de Rosas (suroeste), un hombre fue baleado el jueves en esa localidad, al parecer tras negarse a entregar dinero que un policía yerno suyo guardó en su casa tras recibirlo de una 'pirámide'.Es la segunda víctima mortal que dejan en una docena de poblaciones los desórdenes que se desataron el martes por el cierre de compañías captadoras de dinero, tras la muerte el miércoles en Buesaco de un personero (defensor del pueblo), asesinado cuando tres personas creyeron que intentaba huir con su dinero.Varios medios colombianos también reportaron el suicidio de un hombre que lo perdió todo, pero la AFP no pudo obtener confirmación de fuentes policiales.Las 'pirámides' ofrecen rentabilidades de hasta 300% en pocos meses usando el dinero de los clientes. A los primeros les cumplen y estos se encargan de llevar nuevos inversores que terminan defraudados, pues la firma cierra o escapa con su dinero, a veces a otras regiones donde siguen operando.En Colombia los disturbios se desencadenaron con el aparente cierre el martes de DRFE, una empresa captadora que contaba con mas de 60 sucursales en el país.Según el director de seguridad ciudadana de la Policía, general Orlando Páez, la intervención de esta cadena de agencias ha dejado ya como resultado el decomiso de 58.000 millones de pesos (25 millones de dólares).El oficial precisó que se han detectado otras 240 'pirámides' en 20 de los 32 departamentos del país, y según estimativos oficiales, éstas manejarían unos 870 millones de dólares.Mientras avanzaban las investigaciones sobre estas captadoras ilegales, se desató el viernes una polémica entre la familia de Uribe y el dueño de una empresa que también ofrece rendimientos de hasta 150% y, aunque aún no ha sido imputada, es objeto de sospechas de lavado de activos del narcotráfico.En una entrevista con la radio W, David Murcia, el dueño de DMG, afirmó que esas sindicaciones son infundadas y vinculó a funcionarios del gobierno de Uribe, a los hijos de éste y a policías con su empresa.También acusó al sector bancario de estar detrás de las denuncias en su contra."No sé cómo será la relación del Presidente con los hijos, pero definitivamente no está enterado de lo que hacen", aseguró desde Panamá, luego de que el mandatario negara a la privada radio La W que sus hijos Tomás y Jerónimo tuviesen relación con la firma.Murcia dijo que en el pasado los hijos del mandatario hicieron una propuesta a un canal de TV de su propiedad."Señor presidente, para que se entere, sus hijos están haciendo un programa muy bueno. Nosotros lo que estamos haciendo es apoyarlos", afirmó.Pero Jerónimo Uribe negó cualquier relación comercial con la empresa. El joven explicó a la misma radio que se limitó a plantear una idea para realizar documentales a un amigo que trabajaba en el canal y que se marginó del proyecto por recomendación de la Policía.Murcia vinculó también a funcionarios del gobierno y a policías. "Tenemos policías, gente del gobierno, porque ellos también tienen derecho a estar acá. Si la empresa llegase a tener una gran conmoción, los policías también se verían afectados", advirtió.En la tarde del viernes Uribe se reunió con el fiscal general, Mario Iguarán, para analizar la situación y estudiar medidas destinadas a judicializar a las empresas ilegales captadoras de dinero, entre ellas DMG.Pero Iguarán reiteró que hasta el momento no ha recibido por parte de las autoridades financieras algún informe de seguimiento a las 'pirámides' que le permitan a la Fiscalía iniciar acciones penales.En respuesta a la declaración de Iguarán, el director del Departamento de Seguridad (DAS), Joaquín Polo, dijo en conferencia de prensa que ese organismo ya entregó a la Fiscalía dos investigaciones en contra de DMG y su propietario, que espera sean llevadas a los jueces.
Colombia: vinculan a hijos de Uribe con gran almacén sospechoso de lavadoEl escándalo de las 'pirámides financieras', captadoras ilegales de dinero que arruinaron a miles de 'ahorradores' en Colombia, dejó otro muerto y se ahondó el viernes con una polémica entre la familia del presidente Alvaro Uribe y el dueño de una empresa sospechosa.Según Roberto Díaz, alcalde de Rosas (suroeste), un hombre fue baleado el jueves en esa localidad, al parecer tras negarse a entregar dinero que un policía yerno suyo guardó en su casa tras recibirlo de una 'pirámide'.Es la segunda víctima mortal que dejan en una docena de poblaciones los desórdenes que se desataron el martes por el cierre de compañías captadoras de dinero, tras la muerte el miércoles en Buesaco de un personero (defensor del pueblo), asesinado cuando tres personas creyeron que intentaba huir con su dinero.Varios medios colombianos también reportaron el suicidio de un hombre que lo perdió todo, pero la AFP no pudo obtener confirmación de fuentes policiales.Las 'pirámides' ofrecen rentabilidades de hasta 300% en pocos meses usando el dinero de los clientes. A los primeros les cumplen y estos se encargan de llevar nuevos inversores que terminan defraudados, pues la firma cierra o escapa con su dinero, a veces a otras regiones donde siguen operando.En Colombia los disturbios se desencadenaron con el aparente cierre el martes de DRFE, una empresa captadora que contaba con mas de 60 sucursales en el país.Según el director de seguridad ciudadana de la Policía, general Orlando Páez, la intervención de esta cadena de agencias ha dejado ya como resultado el decomiso de 58.000 millones de pesos (25 millones de dólares).El oficial precisó que se han detectado otras 240 'pirámides' en 20 de los 32 departamentos del país, y según estimativos oficiales, éstas manejarían unos 870 millones de dólares.Mientras avanzaban las investigaciones sobre estas captadoras ilegales, se desató el viernes una polémica entre la familia de Uribe y el dueño de una empresa que también ofrece rendimientos de hasta 150% y, aunque aún no ha sido imputada, es objeto de sospechas de lavado de activos del narcotráfico.En una entrevista con la radio W, David Murcia, el dueño de DMG, afirmó que esas sindicaciones son infundadas y vinculó a funcionarios del gobierno de Uribe, a los hijos de éste y a policías con su empresa.También acusó al sector bancario de estar detrás de las denuncias en su contra."No sé cómo será la relación del Presidente con los hijos, pero definitivamente no está enterado de lo que hacen", aseguró desde Panamá, luego de que el mandatario negara a la privada radio La W que sus hijos Tomás y Jerónimo tuviesen relación con la firma.Murcia dijo que en el pasado los hijos del mandatario hicieron una propuesta a un canal de TV de su propiedad."Señor presidente, para que se entere, sus hijos están haciendo un programa muy bueno. Nosotros lo que estamos haciendo es apoyarlos", afirmó.Pero Jerónimo Uribe negó cualquier relación comercial con la empresa. El joven explicó a la misma radio que se limitó a plantear una idea para realizar documentales a un amigo que trabajaba en el canal y que se marginó del proyecto por recomendación de la Policía.Murcia vinculó también a funcionarios del gobierno y a policías. "Tenemos policías, gente del gobierno, porque ellos también tienen derecho a estar acá. Si la empresa llegase a tener una gran conmoción, los policías también se verían afectados", advirtió.En la tarde del viernes Uribe se reunió con el fiscal general, Mario Iguarán, para analizar la situación y estudiar medidas destinadas a judicializar a las empresas ilegales captadoras de dinero, entre ellas DMG.Pero Iguarán reiteró que hasta el momento no ha recibido por parte de las autoridades financieras algún informe de seguimiento a las 'pirámides' que le permitan a la Fiscalía iniciar acciones penales.En respuesta a la declaración de Iguarán, el director del Departamento de Seguridad (DAS), Joaquín Polo, dijo en conferencia de prensa que ese organismo ya entregó a la Fiscalía dos investigaciones en contra de DMG y su propietario, que espera sean llevadas a los jueces.
domingo 23 de noviembre de 2008
Gota a gota
La semana pasada un reportaje de la Revista Cambio reveló la dimensión del mercado de crédito informal en Colombia: ocho de cada diez créditos son informales. Nada más indicativo de la realidad nacional que un problema que expresa tanto las falencias de la economía formal para incluir a toda la población dentro de un capitalismo democrático como los problemas de valores y conductas de los colombianos. Puede que en términos de volumen total de recursos del sector financiero, los créditos informales no constituyan una porción tan alta de la asignación de préstamos. Pero el hecho de que el mayor número de transacciones crediticias no sean producto de instituciones financieras reguladas por el Estado, es una advertencia que la economía formal del país presenta graves fallas en cuanto a su democratización. El crédito, una de las partes fundamentales del capitalismo moderno, es un servicio de lujo. En teoría una banca democrática cumple la función de captar los ahorros de la sociedad para que su clase empresarial pueda financiar la producción económica. A cambio de utilizar esos recursos los empresarios pagan unos intereses que incluyen las pérdidas de los préstamos no recuperados. Una banca eficiente debe evitar los préstamos a empresarios que no estén en condiciones de pagar porque encarece el crédito a quienes sí están comprometidos en ampliar el sector productivo nacional. La decisión de no pagar un crédito puede obedecer a que el empresario simplemente no tiene cómo hacerlo -por quiebra o iliquidez- o a que por razones éticas decide no cumplir sus deudas. Los bancos deben entonces identificar las probabilidades de pago de los empresarios para evitar que la plata de los ahorradores se diluya. Existen tres mecanismos básicos para garantizar que los clientes cumplan sus compromisos: activos físicos, fiadores e historial crediticio. El problema en Colombia es que un 80% de los clientes de préstamos no cuentan ni con activos ni con fiadores ni con historial de crédito para acceder a la banca formal. Deben buscar créditos en el sector informal que cuenta con otro mecanismo para garantizar los pagos: la disuasión armada. La violencia se convierte así en un medio alternativo para lograr que los potenciales clientes acudan al sistema sólo cuando están seguros de poder pagar, y de paso, evitan que muchos individuos pobres de ética decidan eludir sus compromisos crediticios. En otras palabras, el sistema bancario informal es un caso más donde la violencia se convierte en un mecanismo efectivo de regulación económica para aquella población que no puede ser atendida por el sector formal debido a sus barreras estructurales (falta de activos, conocimientos de las transacciones, etc). Lo más grave es que la mayoría de esos clientes son capaces de pagar las tasas de usura del sector informal. Los famosos sistemas de ‘gota a gota’, pese a su brutalidad e infamia, cumplen una función importante al permitir a muchos empresarios de bajos recursos y nula liquidez sobrevivir en medio de riesgosas transacciones. Sin importar los problemas de estos sistemas económicos los individuos cumplen sus obligaciones. La gran pregunta es: ¿cumplirían estos mismos individuos sus obligaciones si no existiera una amenaza violenta? Si fuera así los bancos no tendrían mayores problemas para atenderlos. Quizá este ejemplo sea una advertencia de los problemas éticos que afronta la sociedad colombiana y que deberíamos reconocer si quisiéramos en verdad modernizar nuestra sociedad. (*) Profesor de la Universidad de Los Andes
Gota a gota
La semana pasada un reportaje de la Revista Cambio reveló la dimensión del mercado de crédito informal en Colombia: ocho de cada diez créditos son informales. Nada más indicativo de la realidad nacional que un problema que expresa tanto las falencias de la economía formal para incluir a toda la población dentro de un capitalismo democrático como los problemas de valores y conductas de los colombianos. Puede que en términos de volumen total de recursos del sector financiero, los créditos informales no constituyan una porción tan alta de la asignación de préstamos. Pero el hecho de que el mayor número de transacciones crediticias no sean producto de instituciones financieras reguladas por el Estado, es una advertencia que la economía formal del país presenta graves fallas en cuanto a su democratización. El crédito, una de las partes fundamentales del capitalismo moderno, es un servicio de lujo. En teoría una banca democrática cumple la función de captar los ahorros de la sociedad para que su clase empresarial pueda financiar la producción económica. A cambio de utilizar esos recursos los empresarios pagan unos intereses que incluyen las pérdidas de los préstamos no recuperados. Una banca eficiente debe evitar los préstamos a empresarios que no estén en condiciones de pagar porque encarece el crédito a quienes sí están comprometidos en ampliar el sector productivo nacional. La decisión de no pagar un crédito puede obedecer a que el empresario simplemente no tiene cómo hacerlo -por quiebra o iliquidez- o a que por razones éticas decide no cumplir sus deudas. Los bancos deben entonces identificar las probabilidades de pago de los empresarios para evitar que la plata de los ahorradores se diluya. Existen tres mecanismos básicos para garantizar que los clientes cumplan sus compromisos: activos físicos, fiadores e historial crediticio. El problema en Colombia es que un 80% de los clientes de préstamos no cuentan ni con activos ni con fiadores ni con historial de crédito para acceder a la banca formal. Deben buscar créditos en el sector informal que cuenta con otro mecanismo para garantizar los pagos: la disuasión armada. La violencia se convierte así en un medio alternativo para lograr que los potenciales clientes acudan al sistema sólo cuando están seguros de poder pagar, y de paso, evitan que muchos individuos pobres de ética decidan eludir sus compromisos crediticios. En otras palabras, el sistema bancario informal es un caso más donde la violencia se convierte en un mecanismo efectivo de regulación económica para aquella población que no puede ser atendida por el sector formal debido a sus barreras estructurales (falta de activos, conocimientos de las transacciones, etc). Lo más grave es que la mayoría de esos clientes son capaces de pagar las tasas de usura del sector informal. Los famosos sistemas de ‘gota a gota’, pese a su brutalidad e infamia, cumplen una función importante al permitir a muchos empresarios de bajos recursos y nula liquidez sobrevivir en medio de riesgosas transacciones. Sin importar los problemas de estos sistemas económicos los individuos cumplen sus obligaciones. La gran pregunta es: ¿cumplirían estos mismos individuos sus obligaciones si no existiera una amenaza violenta? Si fuera así los bancos no tendrían mayores problemas para atenderlos. Quizá este ejemplo sea una advertencia de los problemas éticos que afronta la sociedad colombiana y que deberíamos reconocer si quisiéramos en verdad modernizar nuestra sociedad. (*) Profesor de la Universidad de Los Andes
Fallas, lunares, orejas
Por: Héctor Abad Faciolince
LAS PALABRAS QUE ESCOGEMOS PARA hablar sobre cualquier asunto no son neutras ni son siempre inocentes. Al usar una expresión en vez de otra, lo que estamos revelando es una actitud mental, bien sea de censura, de complacencia, o bien, como en el caso que voy a analizar, un intento por disminuir y casi minimizar la gravedad de los hechos.
La revista Semana, en su edición virtual, señala que el presidente Uribe les dio “otro jalón de orejas a los militares”. El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, habló de “lunares” que no manchan por entero a la institución militar. Y el ministro de Justicia, Fabio Valencia Cossio, declaró que hubo “fallas cometidas por algunos miembros de la Fuerza Pública”.
“Fallas, jalón de orejas, lunares”, esas son las expresiones que se usan. Tengan en cuenta que, en los tres casos, estamos hablando de crímenes atroces, es decir, de la desaparición, y posterior asesinato, de algunos jóvenes inocentes de Soacha y otras poblaciones o barrios pobres del país. Pero el lenguaje que emplean para comentar el castigo a semejantes crímenes, es el mismo que usaríamos para reprender, casi con simpatía, la indisciplina o las picardías de un grupo de niños en la escuela: jalarle las orejas por sus fallas a uno de los lunares de la clase.
Naturalmente la purga de 27 oficiales y suboficiales es mucho más que un “jalón de orejas”, es una echada del colegio. Pero aunque la medida le dé una buena señal al Ejército, es insuficiente. Ante todo, no sabemos si todos los oficiales destituidos están implicados en esta masacre de jóvenes, o si entre ellos se aprovecha la ocasión para sacar oficiales por otros motivos inconfesables; se debería decir con claridad cuáles de estos militares, y en qué medida, están involucrados en el plan macabro (estilo neo-nazi) de “limpiar” los barrios de drogadictos, homosexuales, retrasados mentales o simples inconformes, mediante la carambola a dos bandas de engañarlos, alejarlos del sitio, y luego presentarlos como subversivos muertos en combate.
Esto es atroz y no se resuelve con una simple destitución de militares. Habría que revelar la verdad completa de los llamados “falsos positivos” (otro eufemismo del lenguaje para no hablar de terrorismo estatal), pedirle perdón a todo el país, y reparar a las víctimas (y cuanto antes, no dentro de quince años cuando lo ordene la Comisión de Derechos Humanos de la OEA). Está bien que Uribe, al fin, les hable duro a los militares, la institución más mimada y mejor financiada durante sus dos gobiernos, y que destituya a unos cuantos.
Pero debería al mismo tiempo, como señalaba Rodrigo Uprimny en estas mismas páginas, comprometerse también con el apoyo al proyecto de ley que busca dar reparación a las víctimas de los agentes del Estado. Es imperdonable que el Gobierno se oponga a una medida que es obvia en un país donde muchas veces ha sido el Ejército (en alianza con los grupos paramilitares, o con los narcos) el que ha cometido actos de una sevicia inaceptable contra la población civil.
Cuando salieron a relucir los falsos positivos de Soacha, el Gobierno quiso tapar el escándalo inflando en los medios el crimen de un niño secuestrado y asesinado por su padre. Antes, cuando el Polo citó al ministro Santos para un debate sobre el premio a los militares por matar falsos subversivos, hace años, se dijo que esas denuncias no eran más que calumnias de la oposición. Ahora resulta que no lo eran; las calumnias acabaron siendo verdades, y los falsos positivos deberían tener otro nombre: crímenes atroces más que homicidios simples. Ahora todos los ciudadanos tendremos que responder, con los impuestos, para pagar millonarias y justas indemnizaciones a las víctimas. Ojalá los militares implicados participen también con su patrimonio. Y ojalá estas destituciones no se queden en mera propaganda, “jalones de orejas, fallas menores y pequeños lunares” de una institución intocable y ejemplar
Por: Héctor Abad Faciolince
LAS PALABRAS QUE ESCOGEMOS PARA hablar sobre cualquier asunto no son neutras ni son siempre inocentes. Al usar una expresión en vez de otra, lo que estamos revelando es una actitud mental, bien sea de censura, de complacencia, o bien, como en el caso que voy a analizar, un intento por disminuir y casi minimizar la gravedad de los hechos.
La revista Semana, en su edición virtual, señala que el presidente Uribe les dio “otro jalón de orejas a los militares”. El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, habló de “lunares” que no manchan por entero a la institución militar. Y el ministro de Justicia, Fabio Valencia Cossio, declaró que hubo “fallas cometidas por algunos miembros de la Fuerza Pública”.
“Fallas, jalón de orejas, lunares”, esas son las expresiones que se usan. Tengan en cuenta que, en los tres casos, estamos hablando de crímenes atroces, es decir, de la desaparición, y posterior asesinato, de algunos jóvenes inocentes de Soacha y otras poblaciones o barrios pobres del país. Pero el lenguaje que emplean para comentar el castigo a semejantes crímenes, es el mismo que usaríamos para reprender, casi con simpatía, la indisciplina o las picardías de un grupo de niños en la escuela: jalarle las orejas por sus fallas a uno de los lunares de la clase.
Naturalmente la purga de 27 oficiales y suboficiales es mucho más que un “jalón de orejas”, es una echada del colegio. Pero aunque la medida le dé una buena señal al Ejército, es insuficiente. Ante todo, no sabemos si todos los oficiales destituidos están implicados en esta masacre de jóvenes, o si entre ellos se aprovecha la ocasión para sacar oficiales por otros motivos inconfesables; se debería decir con claridad cuáles de estos militares, y en qué medida, están involucrados en el plan macabro (estilo neo-nazi) de “limpiar” los barrios de drogadictos, homosexuales, retrasados mentales o simples inconformes, mediante la carambola a dos bandas de engañarlos, alejarlos del sitio, y luego presentarlos como subversivos muertos en combate.
Esto es atroz y no se resuelve con una simple destitución de militares. Habría que revelar la verdad completa de los llamados “falsos positivos” (otro eufemismo del lenguaje para no hablar de terrorismo estatal), pedirle perdón a todo el país, y reparar a las víctimas (y cuanto antes, no dentro de quince años cuando lo ordene la Comisión de Derechos Humanos de la OEA). Está bien que Uribe, al fin, les hable duro a los militares, la institución más mimada y mejor financiada durante sus dos gobiernos, y que destituya a unos cuantos.
Pero debería al mismo tiempo, como señalaba Rodrigo Uprimny en estas mismas páginas, comprometerse también con el apoyo al proyecto de ley que busca dar reparación a las víctimas de los agentes del Estado. Es imperdonable que el Gobierno se oponga a una medida que es obvia en un país donde muchas veces ha sido el Ejército (en alianza con los grupos paramilitares, o con los narcos) el que ha cometido actos de una sevicia inaceptable contra la población civil.
Cuando salieron a relucir los falsos positivos de Soacha, el Gobierno quiso tapar el escándalo inflando en los medios el crimen de un niño secuestrado y asesinado por su padre. Antes, cuando el Polo citó al ministro Santos para un debate sobre el premio a los militares por matar falsos subversivos, hace años, se dijo que esas denuncias no eran más que calumnias de la oposición. Ahora resulta que no lo eran; las calumnias acabaron siendo verdades, y los falsos positivos deberían tener otro nombre: crímenes atroces más que homicidios simples. Ahora todos los ciudadanos tendremos que responder, con los impuestos, para pagar millonarias y justas indemnizaciones a las víctimas. Ojalá los militares implicados participen también con su patrimonio. Y ojalá estas destituciones no se queden en mera propaganda, “jalones de orejas, fallas menores y pequeños lunares” de una institución intocable y ejemplar
Oasis Noviembre 21 de 2008
Los que no pueden escribir en un periódico le trasmiten a uno inquietudes que a veces conviene compartir:
- ¿Qué cambios radicales haría el Gobierno si uno de tantos falsos positivos del pueblo fuera hijo del Presidente o de un ministro?
- Diciendo "perdonen que tardamos", ¿el Gobierno le devuelve la vida a tres muertos y la plata a millares de pobres ahorradores?
- ¿Hará algo este Gobierno tan amigo de los banqueros para que éstos no ganen billones mientras abusan de sus clientes?
- ¿Por qué surgen en pocos días tantas pruebas contra DMG que no aparecieron en años?
- ¿Por qué el Superintendente cae solito como chivo expiatorio y los que mandan más siguen tan frescos?
- Como bien dicen economistas serios, ¿por qué el Gobierno se la gastó toda en épocas de vacas gordas? Nadie niega las cosas buenas, pero persisten la corrupción, un gran hueco social y politiquería como nunca.
Los que no pueden escribir en un periódico le trasmiten a uno inquietudes que a veces conviene compartir:
- ¿Qué cambios radicales haría el Gobierno si uno de tantos falsos positivos del pueblo fuera hijo del Presidente o de un ministro?
- Diciendo "perdonen que tardamos", ¿el Gobierno le devuelve la vida a tres muertos y la plata a millares de pobres ahorradores?
- ¿Hará algo este Gobierno tan amigo de los banqueros para que éstos no ganen billones mientras abusan de sus clientes?
- ¿Por qué surgen en pocos días tantas pruebas contra DMG que no aparecieron en años?
- ¿Por qué el Superintendente cae solito como chivo expiatorio y los que mandan más siguen tan frescos?
- Como bien dicen economistas serios, ¿por qué el Gobierno se la gastó toda en épocas de vacas gordas? Nadie niega las cosas buenas, pero persisten la corrupción, un gran hueco social y politiquería como nunca.
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